Muchas personas con discapacidad intelectual pueden llegar a gobernar sus propias vidas si cuentan con los apoyos necesarios. Para aquellos que no pueden prever las consecuencias de sus acciones u omisiones, el ordenamiento jurídico cuenta con un mecanismo de protección, a través del procedimiento de la Modificación de la capacidad y el apoyo a través de la Tutela.

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares entiende que la Declaración Judicial de modificación de la capacidad es una decisión de capital importancia, puesto que implica la adopción de mecanismos de protección para garantizar la independencia y libertad de la persona. En consecuencia, debe producirse únicamente cuando sea necesaria para el bien de la persona, no motivada por ninguna otra circunstancia o interés y restringida a aquellas áreas donde verdaderamente se precisen apoyos. De igual forma, el ejercicio de la tutela debe procurar.